Operativo Independencia. La guerra contra la guerrilla terrorista en Tucumán (1974-1975-1976)

En los días que siguieron a la muerte del capitán Viola, tuvieron lugar nuevos hechos de violencia. Un camión que transportaba azúcar hacia el establecimiento industrial Norwinco fue asaltado; el sábado 18 de enero de 1975 una columna guerrillera ocupó la finca Norry, en Potrero de Las Tablas, obligando a los pobladores a concurrir al almacén del pueblo para escuchar la arenga de tres de sus combatientes. Finalizada la misma, los subversivos se trasladaron al domicilio de un supuesto “entregador”, de apellido Córdoba, lo sacaron a empellones frente a su familia; después, se apropiaron de alimentos, armas y un equipo de radio y tras incendiar el destacamento policial, se retiraron, ejecutando al rehén unos kilómetros más adelante luego de someterlo a interrogatorio. Cinco días después, fue asesinado en la capital provincial el Dr. Juan Mario Magdalena.
Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el gobierno de la Nación, encabezado por la presidenta María Estela Martínez de Perón, decidió adoptar medidas tendientes a contrarrestar los efectos del accionar guerrillero, dictando el 5 de febrero de 1975 el decreto Nº 261 que en su Artículo 1º establecía: “El Comando general del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”. 
El segundo artículo, por su partes decía: “El Ministerio del Interior pondrá a disposición y bajo control operacional del Comando general del Ejército los efectivos y medios de la Policía Federal que le sean requeridos a través del Ministerio de Defensa para su empleo en las operaciones a que se hace referencia en el art. 1º” y el tercero: “El Ministerio del Interior requerirá al Poder Ejecutivo de la Provincia de Tucumán, que proporcione y coloque bajo control operacional y los medios policiales que le sean solicitados por el Ministerio de Defensa (Comando General del Ejército), para su empleo en las operaciones precisadas”.

Firmaron ese decreto, además de la jefa de Estado, los ministros José López Rega, Antonio Benítez, Oscar Ivanissevich, Alfredo Gómez Morales, Alberto J. Vignes y Ricardo Otero, poniendo en marcha, de esa manera, la respuesta del gobierno a la agresión marxista y mantener abierto un corredor para entrar y salir de la zona con facilidad.

Al conocerse la noticia, a fines de enero de 1975, la guerrilla se desplazó hacia la periferia del dispositivo dispuesto por las Fuerzas Armadas, dejando en el sector central a un reducido grupo de combatientes, plan táctico con el que pensaba desbaratar cualquier redada del Ejército.

Fue en ese tiempo que las FF. AA experimentaron su primer baja significativa de la guerra cuando un avión Twin Otter DHC-6 matrícula AE-259 de la Aviación de Ejército que llevaba a bordo a los generales de brigada Enrique Eugenio Salgado, comandante militar del III Cuerpo de Ejército y Ricardo Agustín Muñoz, comandante de la V Brigada, se precipitó a tierra, pereciendo toda la tripulación.

La aeronave, que realizaba un vuelo de inspección sobre la zona de operaciones, se estrelló en una zona boscosa, en pleno monte tucumano, constituyendo el hecho un duro revés para las fuerzas gubernamentales.

Con los generales Salgado y Muñoz, designados para comandar el operativo, perecieron también el coronel Eduardo Wilfredo Cano; los tenientes coroneles Oscar Rubén Bevione, Pompilio Schilardi y Pedro Santiago Petrecca; los mayores Roberto Dante David Biscardi, Pedro Antonio Zelaya, Héctor Abel Sánchez y Aldo Emilio Pepa, el capitán Roberto Carlos Aguilera, el teniente primero Carlos Eduardo Correa y el sargento primero Aldo Ramón Linares.

Y aunque en un primer momento se habló de que se había tratado de un accidente, no tardó el ERP en atribuirse el derribo, intensificando, de ese modo, su acción psicológica.